En la actualidad, las autoridades regulan de forma bastante prolija la industria alimentaria, pero solo en aspectos tales como la sanidad o los intereses de los consumidores. Sin embargo, cada vez más expertos reclaman una regulación mucho más estricta en la cuestión específica de la lucha contra la obesidad que, por otra parte, afecta también a la sanidad y al consumo. Muchos de ellos ven cada vez más paralelismos con la industria del tabaco.

La mayoría de los lectores apenas podrían imaginarse un anuncio de tabaco en la televisión; y los más jóvenes no lo han visto jamás. Tal vez dentro de unos años ocurra lo mismo con la publicidad de alimentos engordantes o insanos, como los refrescos azucarados, los snacks, las cadenas de hamburgueserías o los precocinados: habrán pasado a la historia.

Quizá ahora estemos, en lo relativo a los alimentos engordantes, como en la década de los noventa con el tabaco, es decir, con una concienciación progresiva de la sociedad y las autoridades que acabaría con serias restricciones y prohibiciones en la década siguiente. Y los efectos han sido muy positivos, ya que la gente fuma cada vez menos y se han ahorrado miles de muertes y enfermedades graves.

Quizá algunos piensen que la comparación con el tabaco es exagerada; nada más lejos de la realidad. No vamos a volver de nuevo con los perjuicios que provoca la obesidad en la salud, de sobra conocidos por el lector. Baste decir que algunos expertos afirman que, si no se ataja esta epidemia, por primera vez desde hace siglos nuestros hijos vivirán menos años que la actual generación de adultos. Y eso, a pesar de los progresos de la ciencia médica en muchas otras áreas.

A la hora de buscar responsables de esta epidemia de obesidad que tanto daño causa, nos topamos de forma inevitable con la industria alimentaria, sus inmensos intereses económicos y su marketing poderoso. Probablemente no es ajena a que en los últimos 40 años la ingesta calórica por persona y día haya aumentado entre 200 y 600 kilocalorías en los países desarrollados. Los alimentos supercalóricos, baratos y apetitosos se introducen en nuestros hogares gracias a una publicidad machacona y efectiva.

¿Deben implicarse los gobiernos en esta lucha? Sin duda, en opinión de una enorme mayoría de expertos. Además de las cuestiones relativas a la salud, que son las más importantes, no hay que olvidar el enorme coste económico que la obesidad supone para la sociedad. En estados Unidos, por ejemplo, se calcula que cada año cuesta al estado 150.000 millones de dólares, que equivalen a casi 115.000 millones de euros.

¿Qué se puede hacer? Thomas A. Farley, médico del Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York, nos da algunas respuestas en un artículo suyo publicado en la revista “Journal of the American Medical Association”. En él, afirma que los gobiernos deberían aportar estrategias múltiples, como regular la publicidad y el marketing de las empresas de alimentación o luchar contra ciertos excesos (pone el ejemplo de la prohibición en Nueva York de la venta de refrescos de tamaño gigante), entre otras.

También defiende presionar a la industria para que establezcan medidas de autocontrol, como sacar al mercado productos menos calóricos o porciones más pequeñas. Funciona en parte (algo se ha hecho al respecto), pero el propio Farley reconoce que sería ilusorio confiar solo en ello. Por eso, defiende que los gobiernos regulen los productos alimenticios en aquellos aspectos que afecten a la obesidad.

En Nueva York, por ejemplo, gracias a esta regulación incipiente se han conseguido algunas cosas positivas, como que los restaurantes dejen de utilizar grasas trans, que comuniquen al público el contenido calórico de sus menús o que las empresas reduzcan la cantidad de sal en sus alimentos. Medidas como estas deberían ser solo un comienzo.

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