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El desmantelamiento de Nutra Life pone en evidencia la indefensión de los consumidores

 

Adelgazantes Nutra LifeA finales del pasado mes de diciembre la Guardia Civil desmanteló en Málaga una de las mayores redes de venta de adelgazantes fraudulentos: Nutra Life. Podrían haber vendido a cientos de miles de personas productos no solamente inútiles, sino también peligrosos.

Esta noticia, que en principio podría ser muy positiva, en realidad no lo es tanto si tenemos en cuenta una serie de cuestiones relacionadas con ella. En primer lugar, la mencionada empresa actuaba desde el año 2004, y quizá incluso desde diez años antes bajo otro nombre. Había sido denunciada en febrero de 2005 por Facua - Consumidores en Acción (ver artículo en Adelgazar.net hace un año) pero, ¿qué han hecho las autoridades en estos casi tres años que han transcurrido desde entonces?

Además, al parecer, lo que ha decidido a actuar al juez con relativa firmeza (sólo relativa: cuatro imputados y ningún detenido), ha sido el hecho de que la empresa estaba cometiendo un presunto delito contra la salud pública, al estar comercializando productos que podían ser muy peligrosos.

Los análisis encargados por Facua y Canal Nou han detectado en algunos de estos productos una alta concentración de hormonas tiroideas y sexuales, por supuesto sin el menor control médico. ¿Hubiera actuado el juez de haber vendido "sólo" productos fraudulentos pero inocuos?

También resulta incomprensible que fueran la propia Facua o Canal Nou quienes tuvieran que encargar los análisis correspondientes, facilitando los resultados a la Guardia Civil o al juez. ¿Es que no tienen laboratorios las autoridades? ¿Por qué no se han movido durante todo este tiempo?

Otra cuestión inquietante es saber qué consecuencias ha podido tener la actuación de Nutra Life durante los casi tres años de inacción de dichas autoridades. ¿Han sido sólo económicas, o también ha podido verse afectada la salud de cientos o miles de personas?

Por lo que respecta al aspecto económico, los gastos de esta empresa en publicidad pueden estimarse en más de un millón de euros. De esto se deduce que los ingresos han sido muy considerables y el número de afectados podría llegar a docenas e incluso quizá cientos de miles de personas.

En coherencia con esto, la Guardia Civil se incautó de 50.000 productos, cuyo precio va de 30 a 130 euros. Aun valorando todos a su precio mínimo, la incautación podría así estimarse en 1,5 millones de euros; de ahí para arriba.

Este tipo de empresas saben bandearse muy bien frente a la ley: cambian de nombre, retiran algunos productos para volver a sacarlos poco después con otra denominación, cambian de local... De hecho, Facua, después de presentar numerosas denuncias, sólo consiguió que la empresa fuera multada con una cantidad ridícula: 7.500 euros. Y eso después de que las autoridades se pasaran la pelota unas a otras durante mucho tiempo. Si comparamos esta cifra con las que hemos expuesto en los párrafos anteriores, nuestra indignación aumenta.

Teniendo en cuenta todo esto, hay que concluir que la única defensa eficaz está en nosotros mismos: información, control médico, un sano escepticismo y, sobre todo, mucho sentido común. Estas deberían ser nuestras principales armas.

Fuentes: MedicinaTV, El País y elaboración propia

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