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 Los tratamientos médicos contra la obesidad, en especial los que hayan probado científicamente su eficacia, deberían estar financiados con dinero público. Y no sólo por la obligación de los poderes públicos de garantizar la salud de sus ciudadanos, sino también por una razón de coste-eficacia: incluso a corto plazo, se ahorraría dinero gracias al menor gasto sanitario global.
La obesidad es una enfermedad crónica cada vez más extendida y de gravedad creciente. Las consecuencias de esta epidemia son devastadoras, en primer lugar para la salud de los ciudadanos, pero también por lo que se refiere a su incidencia económica en los gastos públicos sanitarios.
Conscientes de estas realidades, diversos colectivos consideran que la sanidad pública debería financiar los tratamientos "serios" para luchar contra la obesidad. Y por "serios" hay que entender aquellos que hayan tenido resultados científicamente contrastados.
Así, por ejemplo, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), en su VIII Congreso celebrado recientemente en Zaragoza, ha aprobado una declaración en la que solicita la financiación pública de estos tratamientos, incorporándolos en la Atención Primaria. Además, recomienda la creación de Unidades de Obesidad en la Atención Especializada. El presidente de la SEEDO añade que la sanidad pública debería dar la mayor relevancia a la detección sistemática de los casos de sobrepeso y obesidad, con especial atención a la infancia, adolescencia y grupos de riesgo, como personas que estén dejando de fumar, en la menopausia o lactando, entre otros.
La mencionada declaración insiste en la financiación de los tratamientos y fármacos contra la obesidad, ya que, de no hacerse así, estos pacientes estarían discriminados frente a otros enfermos, como diabéticos e hipertensos.
El coste de estos tratamientos es difícil de cuantificar, pero los beneficios, incluso a corto plazo, serían muy superiores a dichos costes, ya que se podrían evitar muchas enfermedades asociadas a la obesidad, con los enormes costes derivados de ellas que suponen para la sanidad pública. |
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